Este viernes 27 de junio acompáñanos en el programa #5 de KAWSAY Legal, en el que abordaremos la prisión preventiva contra el ex presidente Martñin Vizcarra y el impacto económico de la fiesta de San Juan.
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Este viernes 20 de junio acompáñanos en el programa #4 de KAWSAY Legal, en el que abordaremos el uso de celulares en las instituciones educativas y la crisis del Ministerio Público.
La ley de productividad y competitividad laboral y la ley de seguridad y salud en el trabajo - Ley 29783 exige que las capacitaciones se realicen durante la jornada laboral.
Además señala el reglamento que cualquier tiempo trabajado fuera del horario ordinario debe ser considerado como hora extra, salvo en el caso de los trabajadores excluidos del control de jornada, como los de dirección, de confianza o no sujetos a fiscalización directa.
Si la capacitación es obligatoria y el trabajador está sujeto a control de jornada, el tiempo empleado fuera del horario pactado podría ser considerado tiempo efectivo de trabajo y dar lugar al pago correspondiente.
1. Vulneración de la tutela jurisdiccional efectiva
La Sala Penal Permanente concluyó que se vulneró el derecho de acción del actor civil, ya que el juzgado resolvió primero la solicitud de incorporación del tercero civil (SIMAI) —rechazándola por falta de legitimación— sin haber resuelto antes la solicitud de constitución en actor civil del Consorcio CBCS, presentada el mismo día.
2. Orden lógico y procesal de las solicitudes
Se debió resolver primero la solicitud de constitución en actor civil de CBCS y, después, la de incorporación como tercero civil del SIMAI, porque la legitimación para solicitar esta última dependía de la primera.
3. Crítica al formalismo excesivo
La Sala critica el criterio formalista del juzgado, que desestimó una solicitud oportuna y debidamente sustentada basándose en la secuencia errada de resolución de solicitudes. Esta actuación impidió que la víctima haga valer sus derechos en tiempo hábil.
4. Aplicación del principio pro actione
La Corte aplicó el principio pro actione, que favorece el acceso a la justicia y obliga a interpretar las normas procesales de forma que no restrinjan el derecho a la tutela jurisdiccional, especialmente cuando el pedido fue presentado en tiempo hábil y con sustento fáctico y jurídico suficiente.